07-ago-2012
Por Francisco Robles Ferrón, director territorial del INGESA
Desde hace unos meses, prácticamente desde la entrada del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, se viene asistiendo desde las filas socialistas locales -en una clara estrategia de desgaste, frente a la declaración oficial de lealtad institucional- un reiterado pero cansino mensaje agorero, a un "cualquier tiempo pasado fue mejor" sin recordar que el pasado reciente -pasado socialista por cierto-, fue reconocido unánimente por propios y extraños como causa importante de la situación que ahora padece España. Ya han olvidado que muchas de las medidas del pasado gobierno del P.S.O.E., tomadas sin criterio ni control, se hicieron gastándose lo que no se tenía: sólo en 2012, 90.000 millones de euros más de lo que se ingresó.
Y en este marco el Ministerio de Sanidad del gobierno del Partido Popular, se debe poner a gestionar y regular la situación del Sistema Nacional de Salud (S.N.S.), con claros indicios de quiebra: 16.000 millones de euros de deuda, cartera básica de servicios diferentes en cada autonomía, asistencia a extranjeros sin control y gratuíta, morosidad a proveedores de 600 días, congelación y recorte del Fondo de Cohesión y Calidad, estrategia errática en la política farmacéutica con medicamentazo y decretazo incluídos, fracaso en la implantación de nuevas tecnologías (tarjeta sanitaria única, historia clínica digital, receta electrónica,..), y así un largo etcétera que omito para no aburrir en este panorama que padecemos.
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y posteriores medidas reguladoras han debido salir al paso de esta situación tan crítica antes descrita, pero aún siendo conscientes de que en algunos casos son medidas duras -no queda otra-, hay que destacar también que la reforma que se hace del S.N.S., busca un modelo más solidario, más equitativo y más justo: que tiene en cuenta la renta (donde aporta más el que más tiene y menos o nada el que menos tiene), la edad (aportan menos los mayores y los pensionistas), se protege a los que padecen enfermedades crónicas y más graves y a los que más lo necesitan (los parados de larga duración y los mayores con ingresos reducidos -pensiones no contributivas-).
La reforma del S.N.S. acometida por el Mº de Sanidad está garantizada en su trayectoria futura, porque tiene unos firmes pilares: la gratuidad y su universalidad en el acceso a la cartera común asistencial, y que desde la equidad será igual en toda España; es justa y solidaria porque reparte las cargas equitativamente y protege a los más desfavorecidos, desde la calidad busca mantener e incrementar su eficacia y eficiencia, lo que redundará en el imprescindible criterio de su sostenibilidad. Todo ello no sería posible sin la implicación del personal del S.N.S., cuya ordenación y desarrollo también afronta la reforma que el Partido Popular ha puesto en marcha.
Estamos ante el planificado desarrollo, metódico, tenaz y eficaz, de las medidas legislativas necesarias para afrontar una situación tan caótica como la que halló el Partido Popular, también en la sanidad pública; y para ello se han desarrollado diferentes iniciativas, que van a corregir el desequilibrio económico del S.N.S. permitiendo su continuidad. Así se ha regulado la estrategia farmacéutica, para entre otros objetivos lograr un más eficaz control del gasto farmacéutico, materias de regulación errática por el gobierno anterior, y en colaboración con los sectores profesionales implicados, aplicando medidas de equidad y solidaridad, ya que las medidas aplicadas persiguen no perder eficacia en las prestaciones, permitiendo la entrada de las innovaciones terapéuticas. A ello hay que unir la búsqueda de la eficiencia mediante la creación de la central de compras, a la que ya se han sumado la mayoría de las CC. AA., y la implantación de las nuevas tecnologías (lo llamado e-salud) con la inminente implantación de la tarjeta sanitaria única, la historia clínica digital y la receta electrónica. El gobierno del Partido Popular ha logrado plasmar en acuerdos en apenas tres meses, lo que no se supo realizar en ocho años.
Y por último se ha regulado la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud, o sea, se ha regulado el derecho a la tarjeta sanitaria; la norma garantiza la universalidad de la atención sanitaria para todos los españoles y extranjeros con residencia legal y adapta la normativa europea para poner freno al "turismo sanitario", lo que generará un ahorro de mil millones de euros, gasto propiciado por la dejadez de los gobiernos socialistas en la aplicación de las directivas europeas (directiva 38/2004 y R.D. 240/2007).
Se debe de resaltar, por afectar especialmente a Melilla y a los melillenses, que el Ministerio de Sanidad del Partido Popular ha incrementado el Fondo de Cohesión para 2012, que durante los 5 años anteriores se congeló y en 2011 incluso se disminuyó en 12 millones de euros. El Fondo de Cohesión tiene el fin de aumentar la garantía y las prestaciones sanitarias públicas, universales y gratuitas para todos los españoles, independientemente del lugar de residencia o desplazados.
Ante la situación que padece España, es imprescindible que la responsabilidad impere en el desempeño del cargo de representación pública que se ostente, y que nos debe marcar la línea entre la oposición veraz -tan intensa como se pueda- y la demagogia, entre las propuestas realistas y el insulto a la inteligencia, entre la amnesia retrógrada selectiva y la asunción de los propios actos, en definitiva, entre el ejercicio responsable de una opción política leal y constructiva y el oportunismo o la falacia política como eje de actuación. El Mº de Sanidad, el Ingesa y su Dirección Territorial en Melilla, seguirán ejerciendo con responsabilidad sus obligaciones para con la ciudadanía.
