INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Al igual que hace el resto de centros e instituciones sanitarias públicas de todos los servicios de salud, en el ámbito de gestión directa del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) son concertados ciertos servicios. Se trata de los suministros químicos de producción industrial (oxigenoterapia), los servicios externos ajenos al núcleo asistencial propio del ámbito sanitario (seguridad, limpieza), el mantenimiento de los equipos técnicos externos para mantener su garantía, así como, el recurso a medios de transporte (obviamente a nadie medianamente cabal se le ocurrirá que un hospital pueda disponer de aviones o helicópteros propios; sería absurdamente ridículo, ineficaz e ineficiente).

En cualquier otro caso, procede –no porque se pueda, sino porque se debe- recurrir a servicios externos para actuaciones asistenciales secundarias en dos situaciones: mediante el mecanismo de derivación a los centros hospitalarios de referencia; y para reforzar coyunturalmente las prestaciones en supuestos de fuerza mayor o caso fortuito (acumulación puntual de bajas médicas, por ejemplo), o por tratarse de prestaciones no incluidas aún en la cartera de servicios propia.

Así, tal y como ha destacado el Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de Fiscalización operativa de la asistencia sanitaria especializada gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Melilla, ejercicios 2022 y 2023, el gasto derivado de la externalización de la asistencia sanitaria supuso unas obligaciones reconocidas netas en el año 2022 de 4.444.599 € reduciéndose en el año 2023 hasta los 4.319.966 €, tendencia que ha continuado en descenso desde entonces. Dichas partidas suponen apenas un 5,09% en 2022 y un 4,79% en 2023 de las obligaciones reconocidas netas para todos los gastos (capítulos 1, 2, 3, 6 y 8). Cifras que pueden considerarse ejemplares en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Esta tendencia se consolida con la continua incorporación de alta tecnología, por ejemplo, la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y la Tomografía Axial Computerizada (TAC), lo cual ha permitido reducir la dependencia externa, y ha supuesto ahorros de más de medio millón de euros anuales en las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla.

Como se ha indicado, las actuaciones asistenciales de naturaleza secundaria concertadas coyunturalmente, siempre tras acreditación motivada de su necesidad transitoria, están relacionadas a nuevas técnicas o servicios que requieren apoyo técnico para su implantación o implementación. Sirva el ejemplo de la prestación logopédica: una vez incluida la misma en la cartera de servicios, creada la categoría profesional necesaria y dotadas presupuestariamente las plazas orgánicas correspondientes, la provisión de dichas plazas por nuevo personal fijo ha de realizarse, como es sabido, mediante Oferta de Empleo Público (concurso-oposición). La tramitación de este proceso conlleva sus tiempos, por lo que el INGESA, en vez de esperar su conclusión sin prestar el servicio de logopedia, con buen criterio y vocación de servicio público, ha optado por adelantar la prestación del servicio sin esperar a dicha cobertura futura. Esto obliga a un concierto que se prolonga hasta la cobertura fija de las plazas mediante la OPE.

En todo caso, la concertación transitoria de estos servicios en fase de implantación o desarrollo se realiza, siempre y sin excepción alguna, dentro del esquema de gestión directa del servicio público esencial, sin desplazamiento de la toma de decisiones a ningún proveedor privado. El recurso, siempre puntual y justificado, a la concertación realizado en las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla es plenamente conforme con la Ley General de Sanidad. No se olvide, que la actividad del INGESA está sometida -a diferencia del resto de servicios de salud- a la fiscalización previa y permanente de la Intervención General de la Seguridad Social, garantía absoluta de adecuación a la legalidad.

Bien diferente es el caso de otros fenómenos que sí merecen la consideración de modelos y que resultan ser paradigmas de la proliferación de intereses espurios, cual es el caso del denominado “modelo de quironización sanitaria”. Tan desafortunada experiencia, paradigmática en la Comunidad de Madrid, ha supuesto un récord de beneficios económicos para el referido grupo empresarial (669 millones de euros, EBITDA, en el último ejercicio), pues se articula como un modelo opaco de conciertos y concesiones sistemáticas que consolida la privatización y desplaza hacia bolsillos privados recursos que deberían reforzar la sanidad pública convirtiendo a los hospitales concertados y concedidos en auténticas máquinas de facturación y enriquecimiento particular en perjuicio del bienestar y la salud del conjunto de la ciudadanía.

Afortunadamente para ceutíes y melillenses, que sea el Ministerio de Sanidad quien mantiene la competencia de la gestión directa de las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla garantiza que éstas se erijan en ejemplo señero dentro del Sistema Nacional de Salud. Es así tanto por la amplitud de su cartera de servicios, con más de una treintena de especialidades médicas, como por disponer de los más modernos medios tecnológicos y las más amplias plantillas de profesionales, todo ello en un volumen muy superior, cuantitativa y cualitativamente, al de cualquier otra área sanitaria de población similar en el resto de España.

El cambio de paradigma que supone la copiosa y constante inversión tecnológica y el incremento de recursos humanos y medios materiales en las áreas sanitarias de Ceuta y de Melilla desde 2018, en comparación con la dejadez e inacción que caracterizó el periodo previo, ha frustrado algunas expectativas de lucro particular que veían en la falta de recursos públicos una oportunidad de negocio personal a costa de la calidad del servicio y el bien del conjunto de la ciudadanía.

En cualquier caso, ajena al ruido generado por dichos intereses particulares que ven peligrar sus aventuras de negocio privado, la Administración General del Estado continuará con su actual política de inversión y mejora constante de la sanidad pública en Ceuta y Melilla. Ello es perfectamente congruente con el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado en Consejo de Ministros en febrero, el cual incluye la obligación de que las CCAA que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité experto y técnico. Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de las CCAA que recoja estos puntos tendrá que ser público.