2018(e)ko urr. 30(a)
Esta mañana, en la sede de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), se ha celebrado una nueva reunión para el estudiar el desarrollo y aplicación en la ciudad de la "Instrucción 3/2017, de la de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.
Esta reunión es la primera que se celebra desde que Omar Haouari accedió al cargo como director territorial del INGESA, así como también después de la designación como interlocutor policial sanitario del inspector José Ramón Díaz Menéndez, quien sustituyó hace un mes al inspector Manuel Mellado Hernández tras su jubilación.
En este encuentro de carácter plenario también han participado el comisario José Manuel Gámez Castellanos, jefe Regional de Operaciones y segundo jefe de la Jefatura Superior de Policía, responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, representantes de los seis sindicatos que conforman la Junta de Personal del Área Sanitaria, así como de los colegios Médico y de Farmacia. También participaron representantes de la empresa privada de ámbito sanitario.
Abrió el turno de intervenciones el inspector José Ramón Díaz quien dijo conocer todos los casos y denuncias que se han producido este año, así como las medidas que se han adoptado al respecto. En su intervención mostró interés por conocer las inquietudes de los presentes.
A continuación, el director territorial del INGESA recordó la publicación en el Boletín Oficial del Estado del protocolo sobre agresiones y anunció que se trabaja en su desarrollo para implantarlo en el Área de Salud. También informó de que se han unificado en un sólo registro oficial, dependiente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, todos los datos sobre casos relacionados con las agresiones.
En varias intervenciones los representantes sindicales manifestaron que les suele faltar información inmediata cuando se producen las agresiones, así como demandaron que en las reuniones del comité de Salud Laboral se analicen los casos que se produzcan, así como las situaciones de riesgo. Sobre estas solicitudes la gerente del Área Sanitaria, Antonia Vázquez de la Villa, dijo que así se hará en el futuro.
Seguidamente, en diversas intervenciones, se analizaron diversos aspectos de la vigilancia de los centros y el papel que tienen que desempeñar los vigilantes, así como los problemas de comunicación que existen en diferentes barrios especialmente cuando prestan servicio las ambulancias o cuando sanitarios realizan visitas domiciliarias.
Especial atención se realizó sobre la situaciones que se producen de forma frecuente en el Servicio de Urgencias y el número de amenazas que, después, no suelen ser denunciadas o registradas.
Sobre este último aspecto, la falta de constancia de las incidencias, el comisario Gámez Castellanos recordó que con el objetivo de agilizar y facilitar el que todos los casos sean denunciados, ofreció la posibilidad de que, en los casos de agresiones, los funcionarios policiales efectúen la toma de datos "in situ"; pero, puntualizó, la denuncia siempre se debe formalizar en la Comisaría.
Hubo consenso sobre la inmediatez que existe en la actualidad para el trámite de las denuncias pero, en muchas ocasiones, las amenazas no son registradas. Por ello los representantes policiales insistieron en que, cuando se produzcan, se debe llamar a la Policía para que funcionarios de una dotación policial tomen los datos de quien pronuncie la amenaza, hecho que siempre queda registrado y que, posteriormente, puede ser utilizado en un informe si hay caso judicial.
En este ámbito del Servicios de Urgencias, donde se producen situaciones de desesperación por parte de los familiares de los pacientes, el director territorial comentó que se estudia la posibilidad de que las relaciones con estos familiares la efectúe un profesional de la mediación, que sea quien informe de la situación del paciente, y así evitar la carga que tienen en la actualidad los profesionales sanitarios del servicio.
Por último, el comisario Gámez Castellanos insistió en que las denuncias se pueden rubricar en 24 horas y que, gracias a las medidas adoptadas y a la figura del interlocutor policial sanitario, el tiempo empleado es mínimo y se suele adaptar a las necesidades horarias de los profesionales sanitarios.
