15 jun 2008
El Juzgado de Lo Penal nº1 de Melilla ha dictado sentencia ante una denuncia interpuesta por el INGESA, a través del Protocolo de Protección al Personal Sanitario, por la que el denunciado ha sido condenado por un delito de atentado a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo que dure la pena. También al abono a la perjudicada de una indemnización de 600 euros en concepto de responsabilidad civil y a una multa de 150 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Los hechos se produjeron en el mes de agosto de 2006 cuando el condenado acudió al Centro de Salud de Polavieja, solicitando un trámite administrativo. La trabajadora le explicó que no era posible su tramitación, por lo que el denunciado comenzó a protestar, agrediéndola posteriormente. En 2006 se emitió la primera sentencia por delito de atentado a un trabajador del personal del INGESA, en la que el denunciado fue condenado a la pena de un año de prisión, al pago de una indemnización de 1.200 euros a la agredida y por los daños materiales que ocasionó en el Hospital Comarcal. La divulgación de esta sentencia se realiza en el marco de las Medidas de Formación e Información que se recogen en el Plan de Prevención y Atención frente a situaciones conflictivas que aconseja "informar a través de los medios de comunicación de las sanciones impuestas a quienes realizan actos de violencia contra los profesionales". El INGESA quiere resaltar que con este plan lo que se pretende, es que los profesionales puedan desarrollar con dignidad la importante labor de prestar la asistencia sanitaria que los ciudadanos precisan y que la relación entre usuario y profesional esté basada en el respeto y confianza mutua. Finalmente señalar que el INGESA ofrece la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar libremente sus quejas y sugerencias en la oficina de Atención al Paciente.
